Aplauso a la coherencia política de UPyD

OPINIÓN

JOSÉ ONETO

Hay actitudes y gestos que sirven para reconciliarse con la política. En este sentido la decisión de UPyD (Unión Progreso y Democracia), de no darle su voto a ninguna fuerza política en cuya lista haya algún implicado en casos de corrupción, su insistencia en que cualquier apoyo este condicionado a un cambio en la Ley electoral y, a la recuperación por parte del Estado de las competencias referentes a educación y, por último, su firme voluntad de luchar contra el despilfarro público, en momentos de crisis y austeridad como los actuales, prescindiendo de prebendas y privilegios, dignifica al partido, devuelve la credibilidad a la política y supone todo un ejemplo de coherencia y de decencia, por parte de una formación política que, todavía, es minoritaria pero que aspira a algo más que convertirse en partido-bisagra.

Su último gesto ha sido comunicar al Alcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón y a la Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que no quieren el coche oficial que corresponde a cada uno de los concejales del ayuntamiento madrileño, a cada uno de los diputados a la Asamblea y al propio portavoz del grupo Luis de Velasco. Algo que ha producido desconcierto en el resto de los partidos políticos que han querido refugiarse en las medidas de seguridad para seguir disfrutando de un privilegio a estas alturas incomprensible.

UPyD (Unión Progreso y Democracia), a pesar de haber presentado candidatos solo en el cincuenta por ciento de las circunscripciones electorales, ha sido una de las grandes sorpresas de las elecciones autonómicas y municipales del pasado 22 de Mayo, aunque todo el foco mediático haya estado puesto durante la semana que ha durado el análisis de los resultados, en el importante triunfo del Partido Popular que ha conseguido hacerse con el poder de la casi totalidad de las Autonomías y municipios del país y, en la derrota histórica del partido socialista que solo ha conservado como municipio de más de doscientos mil habitantes la localidad sevillana de Dos Hermanas, territorio muy familiarizado por Felipe González y su familia.

A pesar de la precariedad con la que ha tenido que desarrollar una campaña que, en estas elecciones más que en otras, han acaparado populares y socialistas, el partido de Rosa Diez ha conseguido convertirse en la cuarta fuerza política del país y ha obtenido el mejor resultado electoral desde que la antigua dirigente socialista, que perdió las primarias socialistas en el año 2000, frente al actual presidente del Gobierno, decidiese la fundación del partido, junto a Fernando Savater y Miquel Buesa, entre otros, en el año 2007.

Con escasos medios económicos, con poco apoyo de los grandes medios de comunicación, con el silencio casi generalizado de los medios televisivos públicos, Unión Progreso y Democracia, ha conseguido casi 150.000 votos más que en las últimas generales , ha conseguido 152 concejales en 94 municipios de once Comunidades Autónomas , ha triplicado sus votos en muchas Comunidades y ha entrado en la Asamblea de la Comunidad de Madrid con ocho diputados autonómicos cuya cabeza de lista es, Luis de Velasco, un antiguo militante del PSOE que colaboró con Gobiernos de Felipe González, que no ha renunciado a su ideología socialdemócrata y que, se ha convertido en uno de los hombres claves de un partido, demasiado dominado por la figura de Rosa Díez y que tiene el gran reto, de cara a las próximas elecciones generales de recoger ese ideal regeneracionista que, al final, ha estallado en las plazas y calles de todo el país, convocados por el Movimiento 15-M, y que ningún partido político ha sabido darle respuesta.

Aplausos para la coherencia de UPyD

España desolada: ciento una razones para no votar ni a PSOE ni a PP

Camps, Costa, Ripoll, Toledano, Valadez, Cuenca… Así hasta sumar una centena. De la Gürtel valenciana al cortijo andaluz, hay ciento una razones para no votar ni a PSOE ni a PP este 22 de mayo, tantas como imputados se presentan a las elecciones municipales y autonómicas. No hay excusas. Frente al derecho de los políticos a la presunción de inocencia también está el derecho de los ciudadanos a no ser tomados por tontos. Según una encuesta reciente, nueve de cada diez españoles piensan que las formaciones se mueven por intereses particulares, de equilibrio de poder, pongo a este candidato al frente de la lista porque controla el aparato, no por el interés de la sociedad. Si hubiera agencias de calificación para los partidos como las hay para la deuda soberana o las cajas de ahorros, a buen seguro que su nota no pasaría de bono basura.

Acaso por ser éste un país cuajado de pífanos y tramperos de baja estofa, nuestra clase política ha pasado de puntillas por los temas clave que preocupan a los ciudadanos. No sólo hay omertá respecto al mapa de la corrupción, esa piel de toro banderilleada por un sinfín de causas judiciales que tan gráficamente se muestra en la Red como ejemplo de la incuria de nuestra clase dirigente, sino que el pacto de silencio se extiende a otras materias que deberían haber sido verdadero objeto de debate en estos comicios, especialmente ahora que comienza a aparecer negro sobre blanco la situación insostenible de las arcas de ciudades y comunidades autónomas.¿Alguien ha puesto sobre el tapete la conveniencia de suprimir las diputaciones? ¿O de evitar duplicidades de gasto en las administraciones? ¿Y qué dicen de la financiación municipal? ¿Y de la autonómica? ¿Quién ha hablado de la incapacidad de los ayuntamientos para ingresar o del déficit oculto de nuestras regiones?

Los candidatos han dispuesto de tiempo para hacerse la fotografía de rigor con los damnificados de Lorca y el bruñido trofeo de los campeones de Copa, pero no para dar soluciones a los problemas que están conduciendo a España hacia el abismo. Al socaire de estos hechos, cabe concluir que el nivel de estas elecciones es bajo, muy bajo, por no decir ínfimo.

Esta estrategia de dar la callada por respuesta, de la que son paradigmaMariano Rajoy (junto a su alter ego Pedro Arriola, inmarcesible gurú de Génova), por parte del PP, y Carme Chacón (de la mano de Miguel Barroso), por el lado del PSOE, dice mucho de la progresiva irrelevancia de nuestra clase política. Como explica el profesor Ludolfo Paramio en La globalización y el malestar en la democracia, “la desconfianza de los ciudadanos hacia los gobiernos y los partidos es consecuencia de su percepción de esta pérdida real de poder: la democracia seguirá siendo la mejor forma de gobierno, pero quienes gobiernan o aspiran a gobernar serán crecientemente irrelevantes”. Aunque la estrategia surta efecto, aunque sean unos candidatos eficientes, quizá buenos mandatarios si alcanzan el poder algún día, jamás se les colgará la medalla de hombres de Estado. No al menos para una minoría independiente y culta que no perdonará ni el silencio, ni la inacción, ni sus listas de imputados, ni la sumisión del interés general al particular en un contexto tan sombrío como el actual, del que sabemos su origen pero desconocemos su estación de término. Esa mancha no desaparece con una victoria en las generales. Al menos, no debería.    

Miles de manifestantes llenaron Sol para mostrar su repulsa hacia PSOE y PP. 

Son las formaciones minoritarias, con las que este diario no puede ocultar cierta afinidad por compartir verbo afilado e irreverente y por moverse al margen de la triada hegemónica que controla el país, caso de UPyD y Ciudadanos, las únicas que se atreven a encarar el problema de España sin complejos. Rosa Díez, líder de UPyD, lo hizo con una Proposición de Ley en el Congreso de los Diputados para dificultar la presencia de imputados en listas, en la que se incluía una modificación de la Ley Electoral, que no se ha podido discutir antes de los comicios del 22-M, como era su intención, por zancadillas de los dos grandes partidos. En la exposición de motivos de dicha PL, se argüía que “la presunción de inocencia no puede convertirse de modo abusivo, sin daño para la democracia, en una patente de corso que permite enrocarse en las instituciones públicas a los imputados por corromper su funcionamiento, utilizando para su defensa los medios materiales y jurídicos que la institución puede poner a su servicio, con lo que esto implica de mal uso de tales recursos, privatizados de hecho para servir a intereses personales, y de suspensión de la igualdad ante la ley mediante las ventajas de todo tipo de que pueden disponer los cargos públicos en contraste con los ciudadanos privados”.

Si hubiera agencias de calificación para los partidos como las hay para la deuda soberana o las cajas de ahorros, a buen seguro que su nota no pasaría de bono basura

La oposición a este tipo de iniciativas y el comportamiento abúlico y clientelista de los partidos, mezclado en caliente con las consecuencias devastadoras de la crisis laboral, ha provocado un divorcio entre la sociedad civil y la clase política sin parangón en la historia reciente del país. Los ciudadanos no se fían. Movimientos espontáneos un tanto anárquicos, en los que se mezclan bloggers y jóvenes con kufiya, como #nolesvotes o Democracia real ya, cultivados en Internet y promotores de las manifestaciones del domingo 15 y martes 17 de mayo, se encargan de poner voz a este malestar creciente. No se trata de tomar el Parlamento ni de quemar conventos, como pretextan las grandes formaciones para menospreciar este tipo de iniciativas, sino de la creciente necesidad de una sociedad civil fuerte sin adhesiones inquebrantables a blasones roídos.

El informe que mejor refleja el desencanto actual, de mención obligada entre los estudiosos de la cosa, es Pulso de España 2010. Un informe sociológico (Biblioteca Nueva, 256 páginas), que disecciona a los jóvenes de nuestro país,chicos amamantados en la Red que no se consideran ni conservadores ni progresistas, sino todo lo contrario. Este informe, coordinado por José Juan Toharia, presidente de de Metroscopia, catedrático de Sociología en la Autónoma de Madrid y director académico de la Fundación Ortega-Marañón, nos describe a un país hastiado, cansado, harto de su clase dirigente: “Los españoles anhelan el relevo de ambos partidos [PSOE y PP] por otro tipo de estilo de gobernar y de controlar al Gobierno (…) Los españoles no abominan de la política, sino del modo, generalmente ramplón, mediocre y mezquino en que suelen conducirse la mayoría de los políticos. De estos políticos”.

Lo que está sucediendo en este país evoca a Casa Desolada de Charles Dickens, en el que sus protagonistas acuden a los juzgados para dirimir un pleito que se prolonga en el tiempo generación tras generación, y que cuando finalmente Lord Canciller emite veredicto, ya nadie se acuerda del origen de la disputa, pues los que la iniciaron se encuentran dos metros bajo tierra y los vencedores no tienen nada que celebrar por una sencilla razón: todo el dinero que por ley les corresponde será para pagar las costas del sinfín de abogados que les han asesorado en tan dilatado período de tiempo.

Algo similar le sucederá a España, cuyas cuadernas crujen hasta casi romperse, si los dos grandes partidos se llaman andana y, arrinconados por una opinión pública crítica, no tratan de recuperar la confianza de los ciudadanos y de unos mercados que tampoco se fían de nuestra clase dirigente. Tanto PSOE como PP están condenados a hacerlo, a aprender de sus errores y adaptarse a una sociedad que va mucho más rápido que sus políticos. Ellos son los que nos gobernarán tras el 22-M y a ellos hay que pedirles transparencia, que castiguen la corrupción, que levanten la alfombra de las cuentas públicas, que digan la verdad, en definitiva, que tomen medidas para acabar con esta España exangüe y desolada. Está en sus manos.

UPyD recuerda a Rubalcaba que los ciudadanos merecen una explicación porque "esto no tiene un pase"

Foto: EUROPA PRESS

   MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

   La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, ha vuelto a pedir al vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, una explicación política sobre el supuesto 'chivatazo' policial a ETA durante la tregua de 2006 porque, a su juicio, el caso ya "no tiene un pase".

   Díez ha hecho esta solicitud en declaraciones a Europa Press después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional haya decidido mantener en su seno la investigación del conocido como 'Caso Faisán' al desestimar la petición de la Fiscalía de retirar el delito de colaboración con organización terrorista a los tres imputados por el 'chivatazo'.

   En su opinión, el asunto está adquiriendo una dimensión tal que "cada vez hace más difícil que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se escude en no hablar sobre el mismo escudándose en que hay un proceso abierto en los tribunales. Y es que, según ha destacado, los tres imputados, entre los que se encuentra el ex director general de la Policía Víctor García Hidalgo, son cargos que en su momento fueron de designación política.

   "Esto no tiene un pase", ha enfatizado Díez, máxime, ha apuntado, cuando la Fiscalía, "que trabaja a las órdenes del Gobierno", ha intentado "tapar" el caso. "Lo intentó la primera vez con Garzón y ahora ha vuelto a tratar de minimizar el asunto rebajando el nivel de la imputación", ha recalcado.

PIDE QUE NO SE BURLE MÁS

   Así las cosas, la representante de UPyD en la Cámara Baja ha insistido a Rubalcaba en que los ciudadanos merecen una explicación de carácter político sobre el 'caso Faisán' y que su ministro del Interior "no se burle" cada vez que le preguntan en el Parlamento sobre este asunto.

   Concretamente, Díez se ha centrado en censurar que el juez José Ricardo de Prada --el único que emitió un voto discrepante contra la resolución de la Audiencia Nacional para conservar el 'caso Faisán'-- haya justificado su posición denunciando que el asunto está "fuertemente politizado".

   La portavoz nacional de UPyD ha tachado de "disparatado" que un juez utilice argumentos "netamente políticos" para justificar la existencia de un proceso político con ETA. Pero, sobre todo, ha criticado que el magistrado defienda que la Justicia debe adaptarse a esa circunstancia.

   En parecidos términos se ha expresado también el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, quien semanalmente viene interrogando al Gobierno en el Congreso por el 'caso Faisán'. En declaraciones a Europa Press, Gil Lázaro celebró la decisión de la Audiencia Nacional al considerar que supone "un grave contratiempo" para el "carpetazo" que, a su juicio, pretendía dar al asunto Rubalcaba junto con la Fiscalía.

   "La investigación del 'chivatazo' supera una nueva maniobra de Rubalcaba para intentar tapar la verdad", ha proclamado Gil Lázaro, quien cree "una evidencia incontestable" que el soplo policial del 4 de mayo de 2006 permitió "entre otras cosas" que pudiera llegar a ETA dinero procedente de la extorsión, pero las actas de la banda terrorista revelan que pudo haber un "segundo chivatazo" para evitar que esas detenciones llegaran a producirse.

EL COLMO, UN SEGUNDO CHIVATAZO

   En este sentido, indica que, ante lo leído en "el acta del 22 de junio de 2006" sobre la reunión entre ETA y el Gobierno celebrada tres días después de la detenciones del 19 de junio que ya permitieron la desarticulación de la red de extorsión de ETA, "la sociedad española tiene derecho a saber si alguien intentó también parar éstas, pues es lo que parece a tenor de las explicaciones que dieron a la banda los representantes del Gobierno".

   "Si el 'chivatazo' consumado el 4 de mayo de 2006 fue una enorme vileza, el colmo sería  que los mismos políticos que lo ordenaron hubieran tratado también de dar un segundo chivatazo frustrado", concluye.