Desde que el Ministro de Hacienda anunció el lunes 27 de febrero que el déficit del Estado se había elevado hasta el 8,51% en 2011 parecen haber saltado todas las alarmas en España, como si de pronto se hubiera revelado algo que no se supiera hasta entonces. Algunos se negaban a creer que el modelo de Estado hubiera fracasado, bien por miopía o bien porque viven de él y su reforma podría significarles una grave pérdida de influencia o de dinero. Las CCAA están arruinadas y han sido incapaces de poner freno al despilfarro. Ahora se escuchan lamentos impropios de personas con altas responsabilidades y todos los implicados tratan de escurrir el bulto. La realidad les ha caído encima, pero el diagnóstico estaba hecho desde antes, incluso, de que estallara la crisis económica: Unos servicios [públicos] que han de tener calidad y deben gestionarse con eficiencia, evitando derroches en los recursos, (...) adoptándose las fórmulas que mejor respondan a los objetivos de atención a todos los ciudadanos y que, en todo caso, estarán sujetas a la supervisión del Estado. Los ciudadanos deben tener las mismas oportunidades de acceso a esos servicios y un mismo tratamiento en ellos, con independencia del lugar en el que residan, para lo que hay que asegurar una equitativa financiación pública, eliminándose los privilegios que hoy día otorgan los sistemas de Concierto en el País Vasco y Navarra, y los que se pretenden imponer a través de las reformas de los Estatutos de Autonomía. Lo que se preguntan hoy los distintos medios, entre la angustia y la confusión, es cómo hacer sostenible el Estado. Algunas reformas que Unión Progreso y Democracia lleva defendiendo desde su fundación se han ido abriendo camino en el debate público, aunque no sin dificultades. UPyD publicó en abril de 2010 El coste del Estado autonómico , en el que estimaba que se podrían ahorrar hasta 26.000 millones de euros racionalizando las administraciones lo que pasaba por eliminar organismos superfluos y competencias duplicadas. Pocos meses después hizo público el estudio sobre las entidades locales, en el que se pedía la fusión de municipios y la eliminación de las diputaciones, lo que podría significar una reducción adicional de 16.000 millones. La necesidad de una fiscalidad única estaba en el planteamiento inicial del partido, incluso antes de que la crisis la convirtiera en imprescindible en toda Europa (véase más arriba el extracto del Manfiesto Fundacional). El control del gasto autonómico - bandera que ahora enarbola el Gobierno con una timidez que la hace inútil - fue reclamado por la diputada Rosa Díez durante la legislatura pasada, obteniendo escaso eco en su momento. Hoy, resulta innegable que en las CCAA está el mayor foco de despilfarro y el gran agujero negro de la economía española. La lucha contra el fraude fiscal o la reforma de la financiación autonómica son otras políticas cuya reforma ha reclamado UPyD y que ayudarían a equilibrar el presupuesto estatal sin tocar los pilares básicos del Estado de Bienestar, aquellos que garantizan la igualdad de todos los españoles. En resumen, el Estado está en quiebra y no valen parches. Ahora, algunas CCAA empiezan a pedir que la Administración Central recupere competencias. UPyD ya reclamaba en su Manifiesto Fundacional que educación y sanidad fueran exclusivas de dicha Administración. La crisis está convirtiendo en inevitable lo que antes era tabú. Estamos ante la oportunidad de afrontar una reforma constitucional que asegure la viabilidad política y la sostenibilidad económica de España. La diferencia de UPyD con el resto de partidos es que no pretende ser coherente con una ideología totalizante, sino con la realidad; y que no pretende mantener un statu quo en defensa de sus propios intereses, sino defender los principios de igualdad y libertad. |
