Con estos datos encabeza la diputada Rosa Díez la proposición de Ley Orgánica que ha presentado junto con la portavoz de Coalición Canaria, Ana María Oramas, “sobre principios y medidas contra la corrupción y por la transparencia de la gestión pública”. La iniciativa no ha encontrado mucho eco. Cuando se debata en el pleno del Congreso ya se habrán celebrado las elecciones del 22-M. Los viejos problemas serán conducidos a los mismos callejones sin salida. Y los abusos, engaños, beneficios ilegítimos, clientelismo, opacidad, transfuguismo, testaferrismo…, seguirán su curso.Sólo el Cuerpo Nacional de Policía contabilizó el año pasado 750 investigaciones con más de mil individuos implicados en casos de corrupción e incautó dinero y bienes por valor de 3.000 millones de euros. La mayoría de los presuntos corruptos eran cargos públicos y una gran parte de ellos ostentaban y ostentan puestos en alcaldías y concejalías.
España ocupó en 2010 el décimo quinto puesto en el ranking de percepción de la corrupción de los 27 países de la Unión Europea que elabora el organismo Transparencia Internacional. Casi todos los ayuntamientos y todas las autonomías poseen unas estupendas web en Internet. Pero ni una de cada cien es utiliza para informar con detalle de los acuerdos de contratación de obras, bienes y servicios. La opacidad envuelve las múltiples formas de corrupción objetiva y subjetiva.
La diputada de UPyD incluye una frase del preámbulo de la Convención de la ONU contra la corrupción –España la suscribió en 2006– que define el fenómeno como “una plaga insidiosa de consecuencias corrosivas para la sociedad, que socava la democracia, distorsiona los mercados y menoscaba la calidad de vida”. Y articula un conjunto de modificaciones legales o barreras que van de la transparencia a la fiscalización, pasando por la prohibición de otorgar contratos directos por más de 50.000 euros anuales a ninguna empresa, individuo o sociedad.
El precepto más relevante otorga el mismo trato a los contaminados por terrorismo que a los infectados por corrupción. Son inelegibles –dice su propuesta de nuevo apartado del artículo 6 de la Ley Electoral– “los imputados por delitos de terrorismo o por delitos contra la Administración Pública cuando en la causa judicial seguida para la persecución de los mismos se haya dictado resolución que acuerde la apertura de juicio oral contra aquellos y esta haya alcanzado firmeza”.
La repugnancia por la presencia de más de un centenar de imputados por corrupción en las listas de los grandes partidos para las elecciones del 22-M debería ser similar, según Díez, a la que los ciudadanos sienten por los “independientes” de ETA-Batasuna en las candidaturas de Bildu y otras.
Sin embargo, ni en el PP de Mariano Rajoy –donde Esperanza Aguirre ha querido pasar factura al valenciano Francisco Camps presumiendo de que no lleva imputados del Gürtel–, ni en el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero y José Blanco, se admite que los jueces condicionen las listas, no vaya a ser –como ha dicho el extremeño Fernández Vara citando una vez más al ex presidente de Castilla y León Demetrio Madrid– que los imputados resulten inocentes y se cometa una injusticia. Y, por supuesto, del pacto antitransfugismo ni se habla.
Cuando el regeneracionista oscense Lucas Mallada escribió que “el pandillaje político influye extraordinariamente en la inmoralidad, mantenida en gran parte, sea o no inconscientemente, por personajes respetables de todos los partidos”, no sospechaba –ni deseaba– que sus palabras tuvieran vigencia 130 años después. Pero su librito La inmoralidad pública, que acaban de publicar los granadinos de Algón Editores, demuestra la actualidad de ese mal de la patria que las oligarquías partitocráticas no están dispuestas a erradicar.
